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Los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS), nucleados en la seccional Ensenada de ATE, renovaron sus críticas a la puesta en marcha del nuevo Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (Sigaf) porque “además de las demoras en los pagos a los empleados” se suman también “inconvenientes y retrasos en la gestión, administración y en los procesados de producción”, lo que perjudican “el normal desarrollo diario” del predio naval.
Cabe recordar que semanas atrás el gremio había denunciado que gracias a este nuevo sistema dispuesto por la Provincia muchos trabajadores no habían cobrado retenciones que deben acreditarse antes del 10 de cada mes, como por ejemplo las judiciales, las cuotas alimenticias o accidentes de trabajo.
“La situación semana a semana se agrava y ahora estos inconvenientes perjudican la gestión y administración con retrasos en los tiempos y en los procesos de producción, que ponen traba a la empresa para abastecer sus necesidades”, se advirtió desde ATE Ensenada.
Según indicaron en un comunicado, uno de los problemas que se da es la no contemplación de la modalidad de pago “contado con entrega” que el Astillero empleaba para la concreción del 90 por ciento de las operaciones comerciales con los proveedores, que hasta la llegada del Sigaf lograba obtener la mayor cantidad de ofertas en las mejores condiciones de precio, calidad y plazo de entrega.
“Otro inconveniente – agregó el gremio- es la imposibilidad de cancelación de órdenes de compra que se han emitido por Convenio Macro, las cuales deben ser procesadas por este sistema y que por razones ajenas al ARS no pueden ser visualizadas”.
Asimismo, desde ATE Ensenada se insistió con “una solución inmediata y definitiva” de esta problemática y se reiteró que “este sistema no está en condiciones de implementarse porque muchos organismos no pueden procesar los pagos dejando como resultado problemas administrativos, contables y de abastecimiento”.
Finalmente, desde el gremio indicaron que la implementación del Sigaf recibió todo tipo de críticas de diversos sectores como psicólogos, cuidadores domiciliarios, kinesiólogos, empresas de ambulancias y otros prestadores del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). También hubo problemas en el IPS y las cooperativas eléctricas del interior de la Provincia que reclamaron el pago de subsidio, señalaron.
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